A 30 años. Así volaron la fábrica de armas de Río Tercero para ocultar pruebas de corrupción.

Río Tercero empezó a vivir escenas de guerra. Prácticamente desaparecieron tres barrios cercanos a la planta militar. Los proyectiles eyectados de la fábrica no explotaban, se convertían en misiles mortales que arrasaban con personas, casas y autos. Nadie que vivió esos momentos olvidará jamás aquel estado de apocalipsis. Murieron siete vecinos y centenares quedaron heridos. Eran todos civiles. Las dos plantas industriales linderas, Petroquímica Río Tercero y Atanor, no registraron un rasguño. El pueblo fue destruido. “Pochola” salvó su vida y aquel camionero agradeció al mensajero que le advirtió que no deje su vehículo lleno de combustible donde lo hacía siempre. Hoy se cumplen 30 años de aquella mañana en la que proyectiles de cañones, obuses y morteros llovieron sobre la ciudad. “No explotaban, pero herían, amputaban y mataban. Fue el tercer atentado del decenio menemista luego de los de la Embajada de Israel, en 1992, y el de la AMIA, en 1994. Y a diferencia de aquellos, tiene cuatro condenados, todos oficiales del Ejército que revistaban en Fabricaciones Militares”, escribió Urien Berri en LA NACION hace 10 años. Fue uno de los hechos más siniestros de la historia moderna argentina. Después de tres décadas, la Justicia pudo probar que se trató de un hecho intencional: literalmente, volaron un pueblo a propósito, prepararon las explosiones, calcularon la onda expansiva y ejecutaron con una frialdad diabólica una de las operaciones más destructivas. Y lo que es peor, tomaron una decisión: dirigir la onda expansiva hacia el pueblo para salvaguardar las dos plantas industriales que estaban al lado de la fábrica militar. No les importaron los pobladores, ni los niños que estaban en la escuela ni tampoco el millar de casas que prácticamente demolieron. Solo tenían un objetivo: volar algunos lugares de la planta y no afectar a las empresas vecinas para evitar un siniestro mayor. La elección de la hora, 8.55, coincidía con el horario de descanso del personal. Además, era día de pago: la mayoría de los operarios se encontraran lejos de la planta para que el presunto autor pudiera actuar sin testigos. La pregunta que surge es básica. ¿Por qué volaron la planta? “Fue un atentado para intentar destruir pruebas del contrabando de armas del Ejército a Croacia y Ecuador. En esa fábrica se recibía y acondicionaba el armamento del Ejército que el menemismo contrabandeaba. El atentado no ocurrió en cualquier momento. Ocurrió cuando la investigación del contrabando comenzaba a comprometer a funcionarios del gobierno. Para encubrir un caso de corrupción alguien decidió volar parte de una ciudad”, contesta Urien Berri.

“No soy neutral: sépalo usted. Tan pronto me enteré entre enero y febrero de 1995 lo que estaba pasando con las armas en mi país, puse en movimiento una acción que llevó a prisión a un expresidente argentino. No soy neutral, sépalo. Porque tan pronto accedí al decreto intrínsecamente falso (“armas a Venezuela, decreto 103 de enero de 1995) advertí que se estaba violando el protocolo de Río de Janeiro. Las armas argentinas llegaban a Ecuador para fortalecer la Guerra del Cóndor (Perú-Ecuador), cuando por aquel protocolo de Río de Janeiro, la Argentina es una de las garantes de paz entre ambos países”, escribió el abogado Ricardo Monner Sans en el prólogo de un libro de Ana Gritti. Ella es, quizá, una heroína argentina perdida en la ferocidad de la superficialidad. Su marido, Hoder Francisco Dalmasso, profesor en la ex ENET General Savio, ayudó a evacuar el colegio el día de la explosión y fue uno de los últimos en abandonar el lugar después de socorrer a los alumnos. Murió de un infarto cuando se dirigía a su casa. Gritti se transformó en una luchadora solitaria y jamás abandonó esa causa. Convencida que no había sido un accidente, se convirtió en querellante y empujó las pruebas hasta lograr prácticamente una epopeya: en una pericia sobre la que insistió, y que se llevó a cabo en un alejado salar cordobés, se probó que no era posible encender los barriles de trotyl sin haber usado un detonador. El viernes del desastre, nadie en Río Tercero sospechaba que los proyectiles que llovían, destruían, mutilaban y mataban eran parte del último embarque clandestino de armas que desde el Ejército se hacía a Croacia. Se trataba de una triangulación de armamento que estaba amparada por dos decretos secretos. En esas dos normas, el entonces presidente dispuso la venta de armas a Venezuela y Panamá. Los documentos contenían falsedad ideológica ya que eran una cobertura para vender a dos destinos que en ese momento disputaban litigios: Ecuador, enfrentado con Perú, y Croacia, en medio de la guerra de los Balcanes. Con ese entramado de decretos y con una monumental cadena de complicidades, salió de la Argentina una gran cantidad de material bélico con destino a Panamá y Venezuela, pero con destino final a Ecuador y Croacia, donde la Argentina, además, mandaba Cascos Blancos, un cuerpo de paz de las Naciones Unidas. Gran parte de ese material era del Ejército, el resto, de Fabricaciones Militares.

A principios de 1995 una causa penal iniciada por Monner Sans e impulsada por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Jorge Urso avanzaba en Buenos Aires. La investigación empezaba a adentrarse en la trama política, después de desandar el camino de la responsabilidad militar. Comenzaban a aparecer nombres cercanos al poder como el jefe del Ejército, Martín Balza; el cuñado presidencial Emir Yoma; Monzer Al Kassar, un traficante de armas ligado a Amira Yoma (otra cuñada de Carlos Menem), y Luis Sarlenga, el interventor en la planta militar. Un escándalo político histórico. Las pruebas empezaban a dirigirse a la línea política. Mientras, en la fábrica militar de Río Tercero se concentraba el cargamento de unidades del Ejército, donde se limaban los números de serie de las armas, así como también el logo de las Fuerzas Armadas y cualquier otro elemento de identificación. De allí, la carga partía hacia el puerto de Buenos Aires. Stornelli estaba convencido del recorrido de las armas y tenía en la mira a la fábrica de Río Tercero para allanarla. Antes, la volaron con el objetivo de ocultar pruebas. «No se puede hablar de la voladura de Río Tercero sin hablar de la causa del contrabando de armas. Las pruebas apuntaban a que en el robo y maquillaje de las armas estaban involucrados altos mandos militares y políticos. Nosotros no teníamos idea de que estaban implicados, pero las pruebas empezaron a apuntar a ese lugar”, recuerda Stornelli. Y agrega: “Las investigaciones corrieron separadas hasta un tiempo después. Y ahí fue donde el trabajo de Ana Gritti fue fundamental. Nosotros luchábamos contra la justicia federal de Río Cuarto, que prácticamente había comprado la versión del accidente. Años más tarde, cuando se amplió el objeto procesal en armas, logramos establecer la conexidad entre las dos causas. Me decían que estaba loco, y quedé metido en medio de operaciones no solo contra mí sino contra mi familia y mi padre que fue militar. Finalmente, por pedido de Gritti me nombraron fiscal adjunto y empecé a viajar allá una vez por mes. Se estableció no solo la conexidad entre ambas causas sino que la voladura había sido para ocultar pruebas. Se probó todo, muchos fueron condenados, pero los principales sospechosos quedaron impunes, buscaron cobijo en la política». Durante la investigación hubo varias muertes sospechosas. En el campo de polo de Palermo se estrelló un helicóptero donde viajaban importantes testigos de la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia. Sin embargo, la hipótesis del atentado nunca pudo ser comprobada. Lourdes Di Natale, secretaria privada de Emir Yoma y expareja del ministro Mariano Cúneo Lubarona, dio a conocer algunas agendas que vinculaban a su jefe con la operación. En 2003, murió al caer de su balcón en el piso 10. Trascendió que fue un accidente mientras limpiaba los vidrios. Y así cerró la causa. El militar Horacio Estrada se suicidó con un tiro en el lado izquierdo de su cabeza. Era derecho y cuatro días antes había declarado en la causa armas.

Hace 30 años, el olor a pólvora estremeció al país. Menem viajó inmediatamente a la ciudad cordobesa y dejó una de sus frases más siniestras, cuando aún se respiraba muerte: “Se trata de un accidente y no de un atentado. Y ustedes [dijo a la prensa] tienen la obligación de repetir estas palabras”. El tiempo probó todo lo contrario. De acuerdo con los elementos que se acumularon en la causa, se determinó que fue una maniobra intencional y planificada. A modo de resumen de las pruebas judiciales: “Se concluyó que tuvo que haber existido un agente externo que aportara el calor suficiente para que el trotyl pudiera detonar. Además, se requirió un detonador y un reforzador para que el explosivo estallara, elementos que se encontraban fácilmente dentro de la fábrica militar.” Otro párrafo consigna: “Hubo al menos dos explosiones simultáneas en el tinglado de la planta de carga, dejando dos cráteres de gran tamaño y profundidad. Posteriormente, ocurrieron explosiones en los depósitos, siendo las explosiones de los depósitos independientes de las del tinglado.” Uno de los pasajes más contundentes señala: “Se determinó que la explosión fue direccionada y organizada. La expansión fue como una ‘v’ corta de norte a sur, lo que dejó a resguardo las casas de los militares, Petroquímica y Atanor.” El año pasado, el Ministerio de Defensa cerró un acuerdo de pago con las cerca de 10.000 personas damnificadas. “El monto total a pagar en bonos de consolidación de deuda según Decreto 845/2024, desistiendo de las astreintes impuestas y según la disponibilidad de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, asciende a $87.114 millones”, se lee en un informe de la cartera que maneja Luis Petri.

Gritti dejó la vida en el caso. “Me sentí sola, nunca pude explicarme el porqué de esa ausencia cuando era una causa común”, dijo en una entrevista que es parte de un documental sobre su vida. Sufrió además trampas judiciales, como un peritaje en el que alguien sembró polvo de aluminio en un tambor con trotyl para que estallara al lanzarle una colilla. Sin ella, quizá, la Justicia jamás hubiese arrojado luz sobre uno de los hechos más nefastos de la vida política argentina. El 14 febrero de 2021, a los 90 años, murió el entonces senador Carlos Menem. Diez días después, el 24 de febrero, en los tribunales federales de Córdoba, iba a ser juzgado por la causa vinculada a las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero. El exmandatario era el único imputado que quedaba en la causa. Al morir, se archivó para siempre. “El tiempo no cierra las heridas, te acostumbrás a vivir con la ausencia porque las heridas no se cierran nunca. El descubrimiento de la verdad no me va cerrar ninguna herida, pero se habrá homenajeado la verdad y la justicia”. Ana Gritti, abogada, cordobesa. Valiente.