En casos como el narcotráfico, el decomiso puede ser autónomo, es decir, es posible que no haya una condena penal definitiva. Si finalmente se decomisa el dinero, la Corte Suprema determina su depósito en el Banco Nación, hasta que decida el destino de ese dinero. Uno de los casos más conocidos de decomiso es el de mercadería de contrabando que hace la Aduana. Posteriormente la acopia y sale a la venta en remates de rezagos. En ese mundo no existe la política y la dilación como defensa: se retira el producto y se vende. Marcelo Gioffre, escritor, periodista y abogado, sostiene que la evaporación de los bienes durante el proceso es un problema que va mucho más allá de los casos de corrupción: “En las quiebras o los concursos sucede lo mismo. Durante juicios, que suelen durar mucho tiempo, la parte deudora suele tener muchas herramientas como para disponer de parte importante del patrimonio. Finalmente, los acreedores terminan por no cobrar todos sus créditos”. Ese problema estructural de la Justicia, claramente, tiende a acentuarse en los casos de corrupción. “La interpretación de los jueces respecto del instituto del decomiso es muy restrictiva. En Estados Unidos, por caso, es más amplia. El juez hace cosas que acá pueden parecer muy raras, como en el caso de los bonistas o de YPF, que hasta embargaron una fragata, pero en la Argentina se cuidan mucho. El problema es que haya jurisdicciones que se puedan pasar de la raya y usen este tipo de herramientas como intimidatorias. Además, un políticamente expuesto tiene poco a su nombre. Lo que es visible de un político es muy poco respecto de lo que hay. En general, es imposible cobrar”, argumenta Gioffre. Luciani y Mola, justamente, transitan por el laberinto que significa cobrar a un político. El 18 de noviembre, el tribunal que condenó a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez, entre otros, en el caso Vialidad, firmó una resolución. Fue a requisitoria de una presentación de los fiscales que empezaron a plantear la figura del decomiso del valor equivalente. Esta doctrina sostiene que se debe responder no solo con los bienes implicados en el delito o que fueron utilizados para la comisión del delito sino todos los que sirvan para reponer al Estado por la defraudación ocasionada. Los fiscales empezaron a mirar ya no solo los bienes registrados a nombre de los condenados, sino que ampliaron el radio de estudio también a aquellos que fueron adquiridos en el período en el que se cometió la defraudación.

Como se dijo, los fiscales se abren paso machete en mano. Sucede que el decomiso del valor equivalente no está legislado y será, en todo caso, desarrollo jurisprudencial. “Estamos como desmalezando; la Argentina no ha tenido conciencia de decomiso, no tenemos figuras civiles. Yo tengo la convicción que la sociedad espera las penas, pero también que vuelva la plata de lo que robaron”, se le escuchó decir a Luciani en alguna de sus presentaciones. Pero, más allá de la teoría, en la práctica concreta, de lo que se trata en este caso es de cobrar una suma varias veces millonaria a Cristina Kirchner, Báez, José López, Nelson Periotti, Raúl Pavesi y Raúl Daruich, todos con penas en la causa Vialidad. La expresidenta tiene algunos inmuebles en el sur y mantiene a salvo los domicilios donde vivió y donde cumple prisión domiciliaria. Justamente, el camino de ir por esos bienes es el que han iniciado los fiscales. Por ahora, responderá con una decena de departamentos en Río Gallegos que tienen una historia particular. El 10 de junio del 2005 se constituyó un fideicomiso de 10 departamentos en el que Néstor y Cristina Kirchner fueron representados por su hijo Máximo. El terreno era del expresidente -parcela 2B, de 381 mts2- y Báez se constituyó en inversor y aportó $710.000 para la construcción de los inmuebles. Báez realizó la obra con su empresa Austral Construcciones y la concluyó en 2007. Inicialmente, el contrato establecía que se repartirían los departamentos en partes iguales. Pero, al final de la obra, Báez le vendió sus cinco departamentos y Kirchner pagó $350.000, la mitad de lo que el empresario había invertido en la construcción. El fideicomiso quedó acreditado en las declaraciones juradas que presentó Néstor Kirchner como presidente en 2007. Tras venderle sus cinco departamentos a Kirchner, Báez se los alquiló y allí durante años se “alojaron” los cargos gerenciales de Austral Construcciones. Los departamentos se encuentran ubicados sobre la calle Mitre, en la zona céntrica de Río Gallegos, a pocos metros de la Legislatura provincial. Las diez unidades que comparten matrícula catastral, después de la sucesión, ingresaron al patrimonio de Máximo y Florencia.

Para 2006, Cristina Kirchner necesitaba ampliar el hotel Los Sauces, y lo hizo sobre la quinta 10, que era de Báez, para lo cual concretaron una permuta. ¿Qué le dio? La mitad del condominio de casi nueve hectáreas en El Calafate, que quedó inscripto a nombre de Austral Construcciones. En 2013, LA NACION reveló el informe de dominio conjunto y quedó en evidencia el estrecho vínculo comercial que mantenía la entonces presidenta y su constructor favorito. Con el tiempo, ella convirtió a sus hijos en condóminos de Báez al transferir el terreno. Finalmente, el 50% de Báez fue a remate dentro del expediente judicial de la quiebra de la constructora. El terreno había sido adquirido por un precio irrisorio como tierras fiscales en 2006. Hasta ahora nunca se construyó nada en el lugar. El único terreno que Cristina Kirchner mantuvo a su nombre es el lote 2 de la manzana 801 de 6000 metros cuadrados, ubicado en lo alto del Barrio Aeropuerto Viejo de El Calafate. Curiosamente, la expresidenta lo compró en septiembre de 2006, representada por su hijo Máximo Kirchner, y lo cedió a Austral Construcciones, como parte de pago por el trabajo que la firma realizaba en la ampliación del hotel Los Sauces. El terreno había sido adquirido como tierra fiscal y, según los registros, lo hizo valer 45 veces su precio original. La operatoria fue publicada por LA NACION en 2016. En el acta se acordó que el pago a Báez era por $1.644.570 más IVA, cuando ella lo había comprado por $35.000. Sin embargo, el terreno nunca fue transferido a nombre del empresario ni de su constructora.

Lázaro, fortunas y quiebra

La quiebra de Austral Construcciones, que remató casi la totalidad de los bienes, ya derivó en tres distribuciones de fondos entre sus acreedores desde que se inició el proceso hace siete años. El primer monto fue por aproximadamente $2600 millones en 2022 y la principal destinataria fue la AFIP, con cerca de $1500 millones. El resto se otorgó a organismos del Estado y sindicatos, entre ellos el Banco Nación, la Uocra y Vialidad Nacional, además de acreedores presentados en el proceso. El crédito verificado en la quiebra de Austral Construcciones a 2022 ascendía a $4347 millones, además de unos $60 millones por créditos laborales. Según fuentes de la sindicatura del concurso, aún resta distribuir todo lo que fue vendido a partir del 23 de diciembre del 2023, cuando se abrió un conflicto de intereses con el Tribunal Oral Federal 5. La sindicatura liquidadora, tras la resolución de aquel conflicto, se encuentra preparando el cuarto informe de distribución de fondos, donde además se incorporarán los intereses generados por estas ventas y se podrá conocer el monto total de lo recaudado desde esa fecha en adelante para determinar, o no, el cierre de la quiebra. Aún quedarán algunos otros bienes para rematar entre rodados y maquinarias en algunos incidentes, así como el único inmueble que resta liquidar de la quiebra, una parcela en Rio Gallegos frente al obrador central recientemente adjudicado a la provincia de Santa Cruz. Claro que Báez no solo tenía propiedades y rodados a nombre de Austral Construcciones, sino que también hay un paquete importante de bienes, con estancias, estaciones de servicios y varios lotes, cuyos dueños son sociedades que no fueron alcanzadas por la quiebra, cuyos socios son integrantes de su familia. Allí deberán dirigir su mirada los fiscales. Mientras tanto, recuperar el dinero parece una tarea titánica. Como dice Luciani, machete en mano, se desmaleza el sistema de decomiso para darle respuesta a una gran parte de la sociedad, que quiere que regrese al Estado lo que se ha robado.