Por Diego Cabot. 06 de enero de 2026.
Tensión en los ingresos a Venezuela y un puente que puede ser una trampa.
CÚCUTA, Colombia.- “Me envían desde la guardia para que les diga que se corran; que no hagan imágenes desde territorio venezolano”. LA NACION había caminado un centenar de metros dentro de Venezuela y ese pequeño desacato a la autoridad bolivariana fue corregido de inmediato. Lo mismo sucede en cada uno de los tres puentes que se ubican en el complejo formado por las ciudades de Cúcuta, en Colombia, y San Antonio de Táchira, del lado venezolano. El sábado fue un día de conmoción; el domingo, de expectativa, pero el lunes, y con Delcy Rodríguez a cargo del poder interino en Venezuela, el último decreto de Nicolás Maduro firmado antes de ser capturado por fuerzas militares de Estados Unidos se ha convertido en el dogma que se aplica en cada rincón del país. ¿De qué se trata? En las penumbras de aquella madrugada, en la residencia del líder bolivariano habría habido tiempo para estampar la firma en el decreto 5200, que lleva el nombre de Nicolás Maduro Moros, publicado el 3 de enero de 2026. Bajo la figura constitucional de Estado de Conmoción Exterior, el gobierno venezolano declaró que el país fue objeto de un “ataque armado” por parte de Estados Unidos y habilitó, a partir de esa premisa, un paquete de medidas excepcionales que colocan a todo el territorio —y en especial a las zonas fronterizas— bajo un régimen de seguridad reforzada. En los tres puentes binacionales que recorrió LA NACION, aquella norma es el credo. “Para ingresar hay que tener visa. Y ese trámite se hace en el puente Las Tienditas. Vaya allá y pida la visa y con eso ingresa”. Esa fue la respuesta en el puente Santander, uno de los lugares más transitados ya que del lado venezolano está la ciudad de Ureña, otro sitio fronterizo que históricamente estuvo separado de Cúcuta por un paso formal. En la práctica, fue un ida y vuelta libre. Y pese a todo, aún lo es para los lugareños, no así para cualquier extranjero.
Ingreso prohibido. Los lugareños son los únicos que pueden circular por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander para entrar a territorio venezolano
En el paso llamado Las Tienditas está el puente internacional Atanasio Girardot, un enorme complejo aduanero con varias vías de atención migratoria, aduanera, además de inmensos galpones para el comercio internacional y el paso de camiones de carga. Pese a que está abierto, es casi un desierto. Una sola de las vías permanece abierta y prácticamente no hay movimiento de camiones. “¿Qué son estas celdas?”, preguntó LA NACION a unos jornaleros que dormían en una pequeña antesala de pequeñas jaulas. “Las hicieron para los perros de narcotráfico y explosivos. Acá guardaban a los perros. Pero, como casi no hay movimiento en el paso, están vacías”, contestó. El puente Atanasio Girardot es una verdadera trampa para el visitante obediente que acuda a la oficina venezolana tal como lo recomendó la guardia del otro paso fronterizo, el de Santander. La trocha tiene muchos carteles de retorno para volver a territorio colombiano. Luego, un puente tapa la visión del otro lado. “No pasen el último retome que hay. Si lo hacen, ya es Venezuela y seguro los detienen”, explicó un funcionario de Migraciones de Colombia. Accedió a habilitar el paso y hacer unos metros en contramano para mirar de cerca aquella frontera. “Acá no hay nuevas órdenes. Lo que está vigente es que no pasan extranjeros”, señaló un agente venezolano. Se refiere a la última norma que dejó en pie Maduro. El texto del decreto es explícito: militarización de infraestructuras estratégicas, movilización total de la Fuerza Armada, refuerzo del control en fronteras terrestres, aéreas y marítimas y la posibilidad de cerrar pasos fronterizos o restringir el tránsito de personas y vehículos. Traducido a la vida real, significa que la frontera entre Colombia y Venezuela —ya atravesada por el contrabando, la migración masiva y la presencia de grupos armados— queda formalmente convertida en un espacio de excepción permanente.
No es la primera vez que Caracas recurre a este tipo de instrumentos, pero el contexto vuelve a ser decisivo. La frontera con Colombia funciona desde hace años como válvula de escape social y económica del colapso venezolano: por allí circulan alimentos, combustible, remesas informales y, sobre todo, personas. El decreto otorga al Ejecutivo una cobertura legal amplia para interrumpir o condicionar esos flujos, con impacto inmediato del lado colombiano, donde ciudades como Cúcuta o Maicao absorben cada endurecimiento del control venezolano en forma de presión migratoria y tensión social. El alcance del texto va más allá de la seguridad externa. Además, el documento autoriza a suspender manifestaciones, restringir reuniones públicas y exigir cooperación obligatoria a personas y empresas, bajo el argumento de la defensa nacional.
Con estas disposiciones en mano, de acuerdo a los reportes que se conocieron desde Caracas, llegó a 14 el número de periodistas y trabajadores de prensa detenidos. De ellos, 13 son de medios y agencias internacionales. A las pocas horas, cuatro fueron liberados, pero los otros 10 seguían detenidos, algunos en situación de desaparición forzosa, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela. Además, en la apertura del período de sesiones en la Asamblea Nacional se les prohibió transmitir en vivo, grabar o hacer fotos. Al menos tres reporteros fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar y trasladados a un comando dentro del Palacio Legislativo. Como parte del procedimiento, revisaron sus teléfonos celulares, exigieron las claves de acceso e ingresaron a las imágenes, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos en la nube. En zonas fronterizas, donde el Estado suele aparecer más como fuerza de control que como proveedor de derechos, estas facultades amplían el margen de discrecionalidad y reducen los espacios de control institucional.
El decreto que dejó firmado Maduro
En el puente Santander, el ida y vuelta de lugareños es constante. “Yo vivo en Cúcuta desde hace dos años. Me estaba por morir, tenía los días contados. No tenía posibilidad de atenderme. Necesitaba un marcapasos y entonces decidí cruzar. Vine a Colombia y me internaron. Me dieron lo que necesitaba y le debo la vida a ellos”, relató un hombre que se identificó como JJP. Como todos los que hablan, jamás se despoja del temor. “Hoy pasé a ver cómo estaba todo y a hablar con mi gente, pero no pude comunicarme”, contó. Los pasos están divididos. Del lado derecho, donde la mano va a Venezuela, esperan autos y motos con patente bolivariana, blanca y con los colores de la bandera detrás. Del otro lado, mano a Colombia, la placa identificatoria amarilla de este país. “Que nos dejen al presidente que elegimos, ¿qué tienen que meterse?”, cuestionó un taxista de 72 años. “Si es nuestro presidente, ¿cómo lo van a llevar así?”, agregó. En la vereda de los venezolanos, las motos llevan a los lugareños por 5000 pesos colombianos, algo así como US$1,35. Un casco transpirado y a la aventura.
Tensión. Agentes y controles en el Puente Simón Bolívar; los periodistas aguardan del lado colombiano ante la posibilidad de quedar detenidos en Venezuela
En este marco, la frontera vuelve a ocupar su rol histórico: territorio sensible donde los conflictos globales se traducen en problemas locales. Aunque el decreto invoca una agresión externa, sus efectos más inmediatos no se miden en Washington sino en los pasos limítrofes, en los puentes cerrados, en los patrullajes reforzados y en miles de personas que dependen de una frontera abierta para sobrevivir. Como tantas veces antes, la política de alto voltaje se decide en Caracas, pero se paga -día a día- en los bordes del mapa.